La Paz - Bolivia, 11 jun. 2012 (El Chasqui SRL).- Una juez boliviana emitió hoy una tercera
orden de arresto contra el expresidente de la aerolínea Aerosur, el
empresario Humberto Roca, que reside en Estados Unidos y está acusado
por el Gobierno del presidente Evo Morales de supuesto enriquecimiento
ilícito.
La juez Nancy Bustillos dictó la orden de captura tras
declarar "rebelde" al empresario por no asistir al inicio de un juicio
oral por la denuncia, informó a Efe el abogado de Roca, Jorge Valda.
Bustillos
también tomó juramento a los jurados ciudadanos para instalar
formalmente la próxima semana el juicio para el empresario.
El
Ejecutivo boliviano ordenó hace dos años investigar la fortuna de Roca
para obligarle a demostrar cómo logró ser propietario de Aerosur, que
hoy está en una profunda crisis financiera pero que en su momento fue la
mayor aerolínea de Bolivia, con cerca de 20 aviones que volaban a
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Contra el empresario, que
está fuera de Bolivia desde fines de 2010, se emitieron antes dos
órdenes de arresto ese mismo año, una en la etapa de investigación del
supuesto enriquecimiento ilegal y la segunda por otra denuncia del
Ejecutivo por supuesto desacato.
Según Valda, Roca tiene alrededor
de diez procesos iniciados por el Estado boliviano, a su juicio todos
por razones políticas por las críticas que ha hecho el empresario al
presidente Evo Morales.
Agregó que su cliente no volverá a Bolivia
por ahora porque, según dijo, "no puede dejar el tratamiento al que se
encuentra sometido" contra el cáncer que le aqueja y porque "no existe
seguridad jurídica" en este país.
"Él quiere volver (...) Sin
embargo, en tanto no exista seguridad jurídica y en las condiciones
médicas en que se encuentra es muy difícil que pueda retornar" por el
momento, señaló Valda.
Desde que Evo Morales asumió la Presidencia
boliviana por primera vez en 2006, decenas de empresarios y políticos
opositores han huido del país y buscado refugio en Brasil, Paraguay,
Estados Unidos, Perú y España, entre otros países, tras acusar al
Gobierno de persecución política y argumentar que en Bolivia no tendrán
un juicio justo.
El caso más reciente fue el del senador Roger
Pinto, a quien el Gobierno de Dilma Rousseff otorgó la semana pasada
asilo político y se encuentra refugiado en la embajada brasileña en La
Paz.
El Gobierno boliviano ha negado la persecución política en
todos los casos y aseguró que los acusados deben responder a las
denuncias de corrupción que hay en su contra.
Materia:Infor.Invest."El Chasqui SRL"
El Mensajero del pueblo boliviano.
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